<\/p>\n
La cuesti\u00f3n del suministro el\u00e9ctrico en asentamientos irregulares ha sido un tema controvertido y frecuente en el Poder Judicial brasile\u00f1o, lo que coloca a las concesionarias energ\u00e9ticas en un complejo dilema. Se encuentran en un punto muerto entre los rigurosos requisitos impuestos por la Agencia Nacional de Energ\u00eda El\u00e9ctrica (ANEEL) y las sentencias judiciales, que con frecuencia las obligan a suministrar energ\u00eda en regiones sin regularizaci\u00f3n de tierras.<\/span><\/p>\n La Resoluci\u00f3n Normativa N.\u00ba 1.000\/2021 de la ANEEL, marco regulatorio del sector, establece requisitos claros y obligatorios para la conexi\u00f3n y el suministro de electricidad. Entre estos requisitos, destacan la presentaci\u00f3n de licencias ambientales v\u00e1lidas, la verificaci\u00f3n de la titularidad de la propiedad (mediante escritura p\u00fablica registrada o documento equivalente) o, en su defecto, la prueba de la posesi\u00f3n leg\u00edtima mediante un contrato de compraventa, cesi\u00f3n de derechos u otro instrumento jur\u00eddico adecuado.<\/span><\/p>\n Sin embargo, los residentes de fraccionamientos irregulares, a menudo incapaces de cumplir plenamente con estos requisitos documentales, recurren al Poder Judicial para garantizar el acceso al servicio fundamental de electricidad.<\/span><\/p>\n Esto se debe a que el art\u00edculo 40 de la Ley n.\u00ba 6.766\/1979 otorga al municipio facultad discrecional para regularizar las subdivisiones no autorizadas o realizadas sin conformidad con las determinaciones del acto administrativo. Precisamente por esta raz\u00f3n, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ha emitido decisiones (p. ej., ARESP 2100390\/RJ y ARESP 2034509\/SP) que indican la responsabilidad primordial de los municipios en la regularizaci\u00f3n de estas subdivisiones, imponi\u00e9ndoles la obligaci\u00f3n de desarrollar infraestructura b\u00e1sica y planificaci\u00f3n territorial, de conformidad con los art\u00edculos 23, IX; 30, VIII; 182 de la Constituci\u00f3n Federal; y el art\u00edculo 2 de la Ley 10.257\/2001.<\/span><\/p>\n Si bien existe orientaci\u00f3n del Superior Tribunal de Justicia (STJ), muchos tribunales estatales diferentes han adoptado una posici\u00f3n contraria, priorizando el derecho fundamental al acceso a la electricidad, el principio de la dignidad humana y la funci\u00f3n social de la propiedad.<\/span><\/p>\n Esta discrepancia jurisprudencial coloca a las concesionarias en una situaci\u00f3n parad\u00f3jica y altamente vulnerable desde el punto de vista legal. Por un lado, est\u00e1n obligadas a cumplir las \u00f3rdenes judiciales que exigen el suministro de energ\u00eda, bajo pena de cometer el delito de desobediencia y enfrentar sanciones administrativas. Por otro lado, al cumplir estas \u00f3rdenes judiciales, se arriesgan a enfrentar sanciones por suministrar energ\u00eda en regiones irregulares, en violaci\u00f3n de las normas regulatorias de la ANEEL y la legislaci\u00f3n ambiental. Esta circunstancia genera un conflicto de responsabilidades que obstaculiza la operaci\u00f3n de las concesionarias y afecta la seguridad jur\u00eddica del sector.<\/span><\/p>\n Las concesionarias han enfrentado p\u00e9rdidas considerables, tanto financieras como operativas, debido a la incertidumbre jur\u00eddica derivada de este escenario. Se ven obligadas a invertir en infraestructura para satisfacer la demanda de zonas irregulares, a menudo sin certeza de rentabilidad financiera, ya que la regularizaci\u00f3n de tierras requiere acciones complejas y prolongadas por parte de las autoridades p\u00fablicas. Adem\u00e1s, las concesionarias corren el riesgo de ser consideradas responsables de da\u00f1os ambientales o urban\u00edsticos en regiones cuya regularizaci\u00f3n no les compete, lo que puede generar importantes responsabilidades judiciales y administrativas.<\/span><\/p>\n En resumen, es esencial que las decisiones judiciales se ajusten a las normas legales para garantizar la seguridad jur\u00eddica necesaria a las concesionarias, sin vulnerar los derechos fundamentales de los consumidores. La responsabilidad objetiva del Municipio debe reconocerse y aplicarse de manera coherente, garantizando que las concesionarias operen conforme a la ley y sin riesgos innecesarios.<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La encrucijada de la oferta en subdivisiones irregulares. 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